Los concursos que convoca la
SRT para ocupar cargos son verdaderos “CONCURROS”.
En ninguno de los convocados por las Resoluciones Nº 1378/13 (B.O.
30//13); Nº 1214/13 (B.O. 15/8-13); Nº 2642-13 (B.O. 7/1/2014); Nº 1935/14
(B.O. 15-8-2014),, SRT 862/13, Nº 1251/13 y 2061/14 se ha dado cumplimiento a la normativa vigente en sus
niveles de transparencia, publicidad, imparcialidad, jerarquía de su jurado,
veeduría y control, privando a los ciudadanos de la posibilidad de competir
para acceder a un cargo concursado conforme a derecho.
Específicamente se
incumple:
1. Mujeres y discapacitados. El artículo 57 del
Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por el Decreto Nº 214/06
dispone: “Se deberán respetar los
principios de igualdad de oportunidades, publicidad y transparencia y
específicamente la igualdad de trato por razones de género o de discapacidad,
como así también la debida competencia entre los candidatos. Se asegurará el
cumplimiento de las Leyes Nros. 22.431 y 23.109 o las que en el futuro se
dicten estableciendo condiciones de ingreso a la Administración Pública
Nacional”.
No consta
que se haya cumplido con las previsiones del artículo 8 de la Ley Nº 22.431
invitando al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL para asegurar la
veeduría prevista en el artículo 8º de la Ley Nº 22.431, modificado por la Ley
Nº 25.689, para que designe, UN (1) veedor titular y su suplente ante el Comité
de Selección y lo propio con relación al CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER a efecto
de velar por la debida igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
.2. Aparecen como Autoridades del Concurso: en el punto a) Comisión
Calificadora y en el punto b) Jurados del Concurso, todas las personas
que allí figuran son integrantes del organismo, en ambos casos, y todos sin
estabilidad laboral.
Ninguna de ellas es de reconocido prestigio e insólitamente, en
la mayoría de los casos, ni siquiera alcanzan a cubrir los puntos mínimos para
calificar en los antecedentes del concurso. Esto
es, tienen menos nivel académico que a quienes tienen que evaluar. Sería, para
hacer una analogía, como que un maestro mayor de obras, evalúe a un arquitecto.
También, en ambas resoluciónes, puede advertirse que se menciona la “Idoneidad”
como condición ocupar esa función, en forma dogmática, sin que se haya
indicado ninguna condición para explicitar el criterio tenido en cuenta para
integrar el jurado, que no sea pertenecer al organismo y estar en relación de
dependencia laboral y política con las autoridades.
Por su parte, y en absoluta contraposición, el
Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública homologado por el
Decreto Nº 214/06 dispone en su artículo 64:
“Órganos de selección. Se asegurará la
integración de los órganos de selección para la cobertura de cargos gerenciales
o que requieran títulos técnicos y/o profesionales, con representantes
de academias nacionales, consejos, colegios o asociaciones profesionales, o
especialistas de reconocido prestigio pertenecientes o no, a universidades o centros de
investigación, nacionales o extranjeros, afines a la especialidad requerida.
En
ningún caso los órganos de selección estarán integrados exclusivamente por
personal de la jurisdicción de la que dependa el cargo a cubrir, entendiéndose por jurisdicción a la JEFATURA DE GABINETE DE
MINISTROS, al Ministerio, Secretaría de la PRESIDENCIA DE LA NACION u organismo
descentralizado, ni por más de un SESENTA POR CIENTO (60%) de personas de un
mismo sexo”.
Por lo expuesto, la norma viola el artículo 64 del Anexo I del CCT, por
cuanto:
a) La Comisión Calificadora y Jurado están compuestos
íntegramente por personas que pertenecen al organismo.
b) Siendo cargos para ocupar por profesionales
universitarios, no se incluyen representantes de academias nacionales, consejos, colegios o asociaciones
profesionales, o especialistas de reconocido prestigio pertenecientes o no, a
universidades o centros de investigación, nacionales o extranjeros, afines a la
especialidad requerida.
Asimismo, está más que razonable, coherente y consecuente es que los
funcionarios que participen del Comité, para asegurar su imparcialidad y no
estar sujeto a presiones que puedan alterar su voluntad, deban
haber accedido a su cargo por concurso. Sin
embargo y por el contrario, varios de ellos, como Ana C. RODRIGUEZ, Daniel
MARCÓ y M. BELLOTTI, nunca ocuparon su cargo por concurso, no obstante
habérselos indicado la Sra. Presidenta en el Decreto N° 2199/09.
Además, tratándose de un procedimiento que tiende a determinar la
idoneidad de profesionales en el derecho, no se han acreditado que títulos y
competencias habilitantes deben tener los miembros del Comité y Jurado, que les
permita expedirse con autoridad sobre la idoneidad de los abogados aspirantes a
ocupar esos cargos. Llamativamente la mayoría de esas personas no cumplirían
con los requisitos para poder concursar y ni que decir sobre quienes no son
letrados.
Como otro elemento que acredita el nivel de manejo de esta cuestión, no
podemos dejar de señalar que una letrada que fue no aprobó el proceso en el
marco de la Resolución SRT N° 1.251/13, fue luego designada jefa de quienes lo
aprobaron y además se la designó integrante del jurado por la Resolución SRT N°
2.061/14. Como decía el gran Gabriel GARCÍA MARQUEZ “la realidad latinoamericana supera la ficción”.
3. Se establece que la edad máxima de los postulantes para presentarse es
50 años para las mujeres y 55 para los hombres. A continuación se agregó que
ese requisito no será aplicable para el personal de la SRT.
Para quienes no están en la excepción, hay una discriminación arbitraria,
dado que no se advierte, ni se ha expuesto una sola razón, para dejar de lado a
personas laboralmente aptas y que, seguramente, en la mayoría de los casos,
podrían tener una mayor experiencia para el trabajo que las personas más
jóvenes. Con esta restricción se estaría violentando las previsiones del
artículo 14 bis e inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, la Ley
N° 23.592 y artículos 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por su parte los artículos 11, 19 y 56 del Anexo I del CCT Decreto Nº
214/06 disponen:
Artículo
11.- El ingreso a las jurisdicciones y entidades comprendidas por el presente
estará sujeto a la previa acreditación de las siguientes condiciones mínimas:
“…..b) Condiciones de conducta e idoneidad
para el cargo que se acreditará mediante los regímenes que se establezcan para
la selección o concurso, según corresponda, que aseguren los principio de
publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a
la función pública”.
“Artículo 19.- El personal permanente ingresa a los cargos pertenecientes
al régimen de carrera cuya financiación será prevista para cada jurisdicción o
entidad en la Ley de Presupuesto o en su dotación, mediante los mecanismos de
selección que contemplen los principios de transparencia, de publicidad, de
igualdad de oportunidades y de trato, y de mérito para determinar la idoneidad
para el cargo o función a cubrir. Artículo 56.- La
selección del personal se realizará mediante sistemas que aseguren la
comprobación fehaciente de la idoneidad, méritos, competencias y actitudes laborales
adecuadas para el ejercicio de las funciones”.
Estas regulaciones transcriptas son refractarias a las limitaciones impuestas
por la norma atacada, las cuales no pueden ser opuestas o citadas con pretexto
de que hay un dispendio administrativo (no acreditado), cuando mediante ellas
se afectan derechos de raigambre constitucional y ni siquiera existe una prueba
o mínima acreditación de tal dispendio.
4. En el inciso d) del Punto I del Anexo I de la Resolución SRT N°
1251/13 se establece que es condición excluyente, “Tener 5 y 8 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión, según
se trate de aspirante a CMJ o CMC”. En punto b también se establece una
edad mínima de 30 años para poder presentarse.
Resulta irrazonable por arbitrario y desproporcionado, disponer que sólo
con una antigüedad mínima de 5 años en la profesión sea posible acceder a un
cargo público, dado que no es la antigüedad en la profesión sino
la idoneidad lo que debe prevalecer para acceder al cargo o
función. Esto deriva de la pauta constitucional establecida en el artículo 16
de la Constitución Nacional y en los artículos 11, 19 y 56 del CCT Nº 214/06.
En relación a esta cláusula, corresponde señalar que un Juez de la Nación
de Primera Instancia, debe tener como mínimo sólo 25 años para acceder al
cargo, lo mismo que un Diputado Nacional. Es un absurdo la edad impuesta para
un cargo de mucha menor responsabilidad y de jerarquía que los indicados, los
que constituyen una referencia publica ineludible.
5.
En el Punto III del Anexo I (Desarrollo del Concurso) de la Resolución
SRT 1.251/13 se indica que habrá una etapa de evaluación de competencias.
Por su parte el artículo 19 CCT homologado por el Decreto N° 214/06
dispone:
“Artículo 19. El personal permanente ingresa a los cargos pertenecientes
al régimen de carrera cuya financiación será prevista para cada jurisdicción o
entidad en la Ley de Presupuesto o en su dotación, mediante los mecanismos de
selección que contemplen los principios de transparencia, de publicidad, de
igualdad de oportunidades y de trato, y de mérito para determinar la idoneidad para el cargo o función a
cubrir”.
Se viola el artículo 19 del Decreto N° 214/06, puesto que para resguardar
los principios de transparencia, objetividad, publicidad e igualdad de
oportunidades y trato, se debe establecer la norma específica por la cual se
regulan todos los procesos de selección del organismo, como
así los recaudos y mecanismos necesarios para que ningún postulante acceda a
las evaluaciones con anterioridad al examen. Esto no
puede ser materia discrecional para que decida lo que le parece a cada Comité
de Selección (En este sentido se expide la Resolución SGP Nº 39/10 artículo 41,
aplicable para la toda la administración central y vigente para este organismo,
en la medida de que se aplique y respete la normativa vigente).
6. Entrevista Personal:
Se distinguen en el Anexo I de la Resolución SRT N° 1251/13, tres etapas
(1ra. Valoración de Antecedentes; 2da. Evaluación de Competencias y 3ra.
Entrevista Personal). Al momento de calificar con puntaje, se aplica:
Valoración de Antecedentes (30 puntos) en la Evaluación de Competencias (hasta
30 puntos) y para la Entrevista Personal (hasta
40 puntos).
Es algo
absolutamente irrazonable, por lo arbitrario, infundado, y carente de
antecedentes, que la selección de un profesional especializado, dependa en un 40 por ciento de una
entrevista personal, sin siquiera
haberse previsto una guía de entrevistas y con cláusula del 75%. Es algo que no
tiene justificación alguna (ni la hubo en los considerados de las normas
impugnadas), que, además, no tiene sostén alguno en los sistemas de selección
en vigencia en el Estado Nacional. Asimismo,
como traba adicional, el piso mínimo que se exige para aprobar la etapa, es
del 75 % de los puntos (30 Puntos). No alcanzar esa puntuación del 75%,
implica no aprobar la etapa, lo que resulta a su vez excluyente del concurso. Por
ello esto es un doble filtro basado en la mera subjetividad y constituye
auténtico abuso de autoridad. Por medio de este “proceso” se discrimina a
quienes no son adherentes o alineados al régimen.
Muy por el
contrario, en la Resolución Secretaría de la Función Publica (SFP) N° 39/2010
en sus artículos 41 y 58 (vigente para la SRT) establece que para la
entrevista personal se utilizará una Guía de Entrevista que será aprobada por
Acta del Comité en la que se pautarán las características a ponderar en el postulante,
tanto para completar la apreciación de los Antecedentes Curriculares y
Laborales, como para las demás competencias laborales exigidas para el mejor
desempeño del cargo y que no tendrá un peso mayor al 20 o 15 % sobre el puntaje
total.
Es una arbitrariedad, solapada en una supuesta facultad discrecionalidad y
debe quedar sentado que no hubo exposición de motivos algunos para avalar
semejante medida.
Micheli (Fallos 322:2741) y Schnaiderman (331:735
Establecer tal sistema es un acto propio de una monarquía, de una facción
y no de un gobierno republicano, tal como corresponde a nuestra forma de
gobierno según lo establecido por nuestra constitución en su artículo primero.
Sin perjuicio de todo lo expuesto, la norma vigente de
concursos para la SRT es la SFP N° 39/10 y se están violando sus artículos 41 y
58/60.
7. El articulo 60 del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por el
Decreto Nº 214/06 dispone; “Procedimientos.
Los procesos de
selección del personal que apruebe el Estado empleador, con previa consulta
a las entidades sindicales signatarias de los convenios colectivos en el marco
de funcionamiento de los órganos paritarios de interpretación y aplicación que en ellos se establezcan y a los efectos de
asegurar el cumplimiento de las garantías consagradas en el presente Capítulo,
contemplarán básicamente sistemas de evaluación objetiva de antecedentes, experiencias
relacionadas con el cargo, conocimiento, habilidades y aptitudes. Podrán
convenirse asimismo, modalidades de cursos de formación habilitantes para el
ingreso”.
No se han hecho consulta alguna a las entidades sindicales signatarias
del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por el Decreto Nº 214/06, para que
emitan su opinión, por lo que existe otra causal de nulidad, siendo que hay
ausencia de otro sistema de control previsto normativamente.
8. El articulo 63 del Convenio Colectivo de Trabajo
Nº 214/06 establece: “Veeduría.
La parte gremial fiscalizará los procesos de selección, debiéndose dejar constancia en acta de todas sus
observaciones. Estas observaciones serán elevadas al titular de la jurisdicción
o entidad y consideradas antes de la decisión final”.
Por ello, resulta absurdo y contradictorio ejercer la veeduría sindical,
en la medida de que el concurso está viciado y fue impugnado por el gremio- cuya
copia e acompaña- e inhibe su participación, para que no se lo invoque como
consentimiento, en el entendimiento que está vigente lo previsto en el artículo
19 del citado convenio. Así las cosas, la veeduría es otro sistema de control
de la transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades y trato
que no se puede aplicar, por que hay violación a la ley.
9. Resulta la nulidad del procedimiento que se impugna y es de aplicación
lo dispuesto en el artículo 19 del Anexo del Convenio Colectivo de Trabajo
homologado por el Decreto Nº 214/06 que establece en su parte pertinente que: “
…..La designación de personal en cargos
de carrera sin la aplicación de los sistemas de selección establecidos de
conformidad con los principios convenidos en el presente convenio no reviste en ningún caso
carácter de permanente
ni genera derecho a la incorporación al correspondiente régimen de estabilidad”.
10. En el marco
descripto no llama la atención que no se haya dado cumplimiento al artículo 5° de la Decisión Administrativa
N° 1.126 de fecha 08 de noviembre de 2012, el que dispuso: “En todos los
casos que se propicie la aprobación de regímenes de selección específicos,
deberá requerirse la intervención previa de la SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la que
constatará que el proyecto cumplimente lo establecido en el Título VI,
Capítulos I, II y III del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional, homologado por Decreto N° 214/06.”
Esto constituye un déficit en cuanto al necesario
control jerárquico legal y administrativo, lo que provocó una merma en la
calidad del régimen de selección, lo cual no puede ser separado del propósito
de desconocer la normativa aplicable basándose, insólitamente, en su sola
omisión.
Como
consecuencia de esta omisión, para la SRT, por aplicación de lo previsto en el
articulo 4 de la Decisión Administrativa N° 506/09 se encuentra vigente el
régimen de Selección previsto en la Resolución Secretaría de la Función Pública
N° 39/2010.
11. En síntesis hay una clara y patente violación a las normas que
determinan la existencia de un sistema de ingresos y promoción en la carrera
administrativa, basado en los principios de igualdad
de oportunidades, publicidad, transparencia y específicamente la igualdad de
trato. Ello no sólo afecta a los trabajadores estatales sino también a
la Administración Pública y a la sociedad en general, puesto que sus efectos se
reflejan sobre la propia gestión de aquella, dado que la carrera se instituye
tanto en beneficio de la Administración Pública como del empleo público.
Hay clara falta de imparcialidad y de nivel académico que deben tener los
jurados, ausencias de controles y veeduría obligatoria, nula confiabilidad en
relación al resguardo de la confidencialidad de las preguntas de examen y
probada discriminación arbitraria en la entrevista personal.
SI QUERES ASPIRAR A OCUPAR UN CARGO EN LA SRT Y NO QUERES QUE TE ESTAFEN
EN LOS CONCURRO DE LA SRT CONTACTATE CON
NOSTROS PARA QUE TE ASESOREMOS.
