COMUNICADO DE PRENSA
Buenos Aires, 28 de abril de 2017
En el marco del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, desde la Junta Interna de ATE de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) denunciamos el desmantelamiento del área de inspecciones en los Territorios de Jurisdicción Nacional (TJN).
Desde el arribo de la nueva gestión –que se caracterizó por el despido
masivo e injustificado de más de 350 trabajadores y trabajadoras a la par que
duplicaba cargos jerárquicos[1]
(acompañados en muchas ocasiones por la designación de asesores de salarios no
menos abultados)- se observa un progresivo
debilitamiento y/o vaciamiento de las funciones inspectivas de la SRT en el
área de Prevención; vaciamiento que se inició con la disolución del
Departamento de Planificación[2]
-que se encargaba de analizar a qué empresas destinar los escasos recursos
preventivos de los cuales dispone la SRT[3]-,
el despido de los únicos inspectores que
tenía la SRT en determinadas provincias (por ejemplo, Chaco), etc.
En líneas generales, la gestión
actual tiende a derivar la totalidad de las inspecciones de manera automática
hacia las denominadas Administradoras de Trabajo Local (ATL: las secretarías de
trabajo provinciales) y se pretende que
los inspectores de la SRT se limiten a controlar la documentación relacionada
con las ART haciendo caso omiso de las condiciones de trabajo en las que realmente trabajan los millones de
trabajadores y trabajadoras de nuestro país[4]
(y hablamos sólo de aquellos que están cubiertos por el sistema de riesgos del
trabajo).
En este contexto de vaciamiento, cabe destacar que en la últimas
resolución que atañe a la misión y función del organismo, el área y concepto de
TJN desaparece por completo; la
última vez que se menciona a los Territorios
de Jurisdicción Nacional, explícitamente, es en la Resolución SRT N° 1 del
año 2016, donde aún se señala, entre las atribuciones de la Gerencia de
Prevención, la acción de:
“Determinar los incumplimientos
incurridos por Empleadores dentro del Territorio de Jurisdicción Nacional,
respecto de las obligaciones exigidas por las normas vigentes en materia de su
competencia, intimando a la realización de las medidas correctivas y emitir,
cuando corresponda, los proyectos de Dictámenes Acusatorios Circunstanciados”.
Esta atribución es eliminada, por
simple omisión, en la Resolución 6/2017. Habida cuenta de la existencia de un
Pacto Federal, subrayamos que es sólo en estos territorios donde la SRT mantuvo
siempre el poder de policía respecto a los empleadores, teniendo allí la capacidad
de multarlos y sancionarlos. Es este poder de policía el que la SRT está
abandonando por completo.
Estos “Territorios…” abarcan:
organismos públicos; empresas que operan en rutas, vías navegables, puertos y
aeropuertos; aquellas que explotan servicios públicos (agua, electricidad, gas,
telecomunicaciones, etc.) y finalmente aquellas que explotan nuestros bienes
comunes (petróleo, minería, etc.). Destacamos que muchas de éstas empresas son
de alto riesgo, no sólo para sus trabajadores sino también para las comunidades
que las rodean (véase sin ir más lejos, los constantes derrames tóxicos de
la mina Veladero en Jáchal, Pcia. De San juan)[5].
El desmantelamiento que
denunciamos no sólo se plasma en la desaparición de esta área en las últimas
resoluciones publicadas en el boletín oficial sino en hechos concretos: el área
de Territorios de Jurisdicción Nacional fue literalmente desmantelada, quedando
apenas reducida a un departamento de Programas Preventivos que se limita a
hacer un seguimiento de los organismos públicos que tienen convenio con nuestro
organismo (que cabe agregar, son muy pocos).
Este vaciamiento de las funciones inspectivas en general y el
desmantelamiento del área de inspecciones en Territorios de Jurisdicción
Nacional en particular, se da paralelamente –ya fuera del ámbito de la SRT-
con la imposición de convenios
colectivos sectoriales que, en pos de la productividad de las empresas, sacrifican
las medidas preventivas que preservan a los trabajadores de los riesgos a los
que están expuestos, siendo un caso testigo el que suscribieron los
trabajadores petroleros de Vaca Muerta[6].
El Ministro de Producción ya ha señalado su voluntad de replicar dichos
acuerdos de productividad en áreas sumamente peligrosas como en las que se
desempeñan los obreros metalúrgicos[7]
y los de los frigoríficos[8].
Como trabajadores y trabajadoras estatales comprometidos con los derechos a un
trabajo seguro y saludable para todas las personas que se ganan el pan
trabajando en nuestro país, no podemos dejar de denunciar el vaciamiento que
vemos ocurrir delante de nuestras narices.
Contacto:
Emiliano
Balaguer (Delegado de Prensa) 1563781030.
[2] Recién en el año 2009 se
jerarquiza la función de la planificación en la SRT mediante la creación del Departamento de Planificación y
Administración bajo la órbita de la Gerencia
de Prevención (ver Resolución SRT 772/2009
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/156566/norma.htm).
Éste, con leves modificaciones, continuó existiendo en las sucesivas
resoluciones y sus respectivos organigramas, hasta que desaparece como tal en
la Res. 1/2016 (ver http://www.srt.gob.ar/images%5Cpdf%5CResSRT01-16.pdf).
Es sintomático que en un organigrama creado apenas a un mes de su arribo a la
SRT, la gestión pasa por alto las funciones de éste departamento al punto tal
de que -en su apuro por inventar “ravioles” (llegando a duplicar descaradamente
los cargos jerárquicos en plena ola de despidos),- no evalúa la importancia de
sus funciones: tanto es así, que las mismas no son absorbidas ni por la
Gerencia ni sus respectivas Subgerencias; tanto es así, que aún la última
Resolución (Res. SRT 6/2017 ver: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/270466/norma.htm)
habla de distintas unidades que deben aprobar
o ejecutar un Plan Anual de la Gerencia, pero no designa cuál es la unidad que
debe elaborarlo o proponerlo (¿cuál Plan van a evaluar? ¿Cuál van a ejecutar?...).
[3] Para
enero de 2017 se registraron 9.288.276 trabajadores cubiertos, repartidos en 529.487 empleadores (no incluímos en éstas
cifras a los y a las trabajadoras domésticas ya que no se inspeccionan
domicilios particulares sino solo las denominadas “unidades productivas”).
Todos estos datos surgen de las estadísticas publicadas por la SRT en su página
oficial. Contando actualmente con 107 inspectores -que ahora por orden de la
Gerencia pasan a denominarse “verificadores” (?)- esto nos da una razón de 1
inspector o "verificador” cada 86806 trabajadores, o 1 inspector cada 4948
empresas.
[4] Esta tendencia no es nueva, pero fue resistida con
anterioridad por los propios profesionales del área de Prevención –técnicos y
licenciados en seguridad e higiene en el trabajo, ingenieros o arquitectos con
posgrados en salud y seguridad laboral etc.-, en la medida que por vocación de
servicio ponían sus conocimientos a disposición de los empleadores y
trabajadores durante sus inspecciones, haciendo muchas veces las asesorías que
las ART no suelen brindar y muchas veces ante la carencia de Servicios de
Higiene y Seguridad en las mismas empresas. Es de esperar que esta resistencia
se vea debilitada tras una ola de despidos como la que arrasó la
superintendencia y comiencen a acatar la bajada de línea de verificar
únicamente el papeleo. La actual Gerencia, en todos los documentos, memos,
correos internos, etc., ya no habla de inspectores
sino de verificadores, lo cual
adelanta un vaciamiento de las funciones inspectivas de cada agente.
[5] El vaciamiento en la SRT también se da en paralelo con
la gestión de la Secretaría de Medio Ambiente a cargo del Rabino Sergio
Bergman, quién admitió públicamente no entender mucho del área que aceptó
gestionar. Sobre las últimas noticias de Jáchal: http://www.ambito.com/879830-derrame-en-veladero-un-juez-ordeno-analisis-de-sangre-a-pobladores-para-ver-si-los-contamino-la-mina
